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Comunidades afectadas quedan con las manos vacías

Especialistas en Derecho Ambiental analizarán reformas legales

San José, Costa Rica, 22 de noviembre del 2010. Los fondos obtenidos gracias a litigios de carácter ambiental en que se condena personas –físicas o jurídicas- por ocasionar daños al ambiente suelen perderse en el mar de la burocracia estatal, pero muy raras veces esos dineros se aplican para remediar, en parte, los impactos negativos en las comunidades afectadas.

Según explicó la abogada, Ruth Solano, Presidenta de la organización Justicia para la Naturaleza esa debilidad de los procesos legales en materia ecológica perjudica directamente a los pobladores de las comunidades donde se produce el “daño ambiental” a pesar de que los juicios se fallen en favor de los afectados.

“La gran mayoría de las veces aunque se obtengan triunfos en los estrados judiciales, los grupos de la sociedad civil, como pueden ser las asociaciones de desarrollo, quedan fuera a la hora de decidir, o al menos sugerir, cómo se repartirá el dinero que deben pagar quienes contaminan el ambiente. Esa situación crea un escenario muy injusto porque además de que la gente sufre las consecuencias de las violaciones a la naturaleza encima tampoco recibe indemnización alguna”, indicó Solano.


Elaw Peces Muertos En la próxima cita de la Alianza Mundial de Abogados Ambientalistas (ELAW, siglas en inglés), que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 1 de diciembre en el Club Punta Leona en el cantón de Garabito, Provincia de Puntarenas (Costa Rica), se analizará el tema del “daño ambiental” y las posibles soluciones para que  se tomen en cuenta las necesidades de las comunidades al momento de aplicar el uso de fondos obtenidos por ese concepto.

La actividad en Costa Rica tiene el apoyo de Justicia para la Naturaleza, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA),  la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Profesionales para la Solidaridad Social R.L. (CoopeSoliDar R. L.), Fundación Ambio y de profesionales quienes se dedican a defender el interés público ambiental.

Cambio de prioridades

En el pasado en Costa Rica Justicia para la Naturaleza participó en procesos legales que derivaron en sentencias, específicamente contra una empresa bananera en la zona de Baatán de Limón por el derrame de agroquímicos y un gobierno local de la provincia de Heredia debido a la contaminación de las aguas de una quebrada, por la instalación ilegal de un basurero a cielo abierto.

“Sin embargo, debido a las reglamentaciones del manejo de los fondos públicos, esos dineros van a parar en un fondo Estatal o a la Caja Única del Estado y se ocupan para financiar cuestiones como compra de carros, contratación de personal o construcción de edificios. Necesitamos emprender reformas legales para que las comunidades reciban mayores indemnizaciones, resarciendo el daño, debiendo convertirse esto en  la máxima prioridad en estos casos”, destacó Solano quien forma parte de ELAW.

En Costa Rica los pagos por daño ambiental están respaldados por el artículo 50 de la Constitución Política que promueve el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, tiene soporte en los acuerdos de la Cumbre de Río 92 y el principio de que “quien contamine paga”.

La próxima reunión de ELAW en suelo tico convocará a 100 especialistas de 30 países como los Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, Europa y África, quienes poseen una amplia experiencia en el trabajo de temas ambientales respaldados por una sólida formación académica.

Acerca de Environmental Law Alliance World Wide (ELAW).
ironmental Law Alliance Worldwide (ELAW)
En 1989 abogados especialistas en derecho público de 10 países fundaron ELAW.  Estos abogados se encontraban en la Conferencia de Derecho Público en la Escuela de Derecho de la Universidad de Oregon, Estados Unidos.  Al conversar se dieron cuenta de que las comunidades de sus países estaban enfrentando problemas ambientales similares y que al compartir estrategias e información científica y legal -sin importar las fronteras- se promovería la protección del medio ambiente en una forma más eficiente.
Los fundadores de ELAW acordaron colaborar mutuamente, intercambiar políticas ambientales exitosas y aprender de la experiencia de los otros.  La colaboración sin fronteras se produjo en forma paralela a los inicios del correo electrónico. 
Hoy en día más de 300 abogados de derecho público de 60 países participan en la red de ELAW.  Desde 1993 hay abogados costarricenses colaborando con ELAW, y actualmente hay afiliados en casi toda América Latina.